La democracia tenía un precio

Al inicio de la democracia, ¿quién pensaba que los partidos políticos se iban a convertir en la mayor preocupación de los españoles? Treinta años después, los partidos políticos son un gran problema porque la política ha servido para crear unos privilegios abusivos donde los dineros públicos sirven para servirse sin límites. El antojo caprichoso se asienta con total impunidad: los políticos campan a sus anchas sin que haya ley que le pida rendir cuentas de todo lo que trincan o dilapidan… Hace unos días encontré este interesante artículo en internet, donde explican con todo tipo de detalle lo que cuesta todo el tinglado de la casta política, dice así:

Lo que cuesta al Estado el «tinglado» de los partidos políticos. Entre quienes abogan por eliminar las subvenciones millonarias que reciben cada año las formaciones políticas y quienes apuestan por modificarlas, el debate está servido. Los partidos políticos son (o salen) caros. El partido del Gobierno (PP) recibió casi siete millones setecientos mil euros (7.678.864,89) del Estado para «atender a sus gastos de funcionamiento ordinario» durante los tres últimos meses de 2012 —lo que supone poco más de dos millones y medio al mes en ayudas estatales—. El partido líder de la oposición (PSOE) recibió 4.381.357,28 euros, a los que habría que añadir los 655.846,76 euros que percibieron los socialistas catalanes, el PSC, según publicó el BOE del pasado 24 de enero.

En 2012, solo PP y PSOE se repartieron alrededor de 50 millones de euros de los Presupuestos Generales Estado (PGE) —es decir, de los bolsillos de todos los españoles— en base al concepto «financiación a partidos políticos» que regula la Ley Orgánica 8/2007. Los partidos costaron 65.880.00 euros de los PGE en 2012. Quedan fuera los gastos electorales, que en 2012 se presupuestaron en 44.495,95 euros, y los gastos de seguridad, por los que los partidos políticos recibieron 3.382,75 euros. También hay gastos electorales presupuestados para 2013 (unos diez millones), aunque en principio no hay previstos ningunos comicios.

Sin embargo, los partidos políticos no solo se sustentan con estas cantidades. El sistema de financiación de los mismos es mixto, y compatibiliza la financiación pública vía subvenciones que salen de los PGE con otras de las comunidades autónomas y ayuntamientos —los partidos también son subvencionados por su representación autonómica y municipal— y con las aportaciones privadas (cuotas, donaciones, condonaciones bancarias de préstamos…). Por no hablar del presupuesto estatal que reciben las Fundaciones ligadas a los partidos, como FAES en el caso del PP o la Fundación Ideas, sumida en un caso de presunta corrupción y vinculada al PSOE. Los PGE de 2013, en los que los partidos se vanagloriaron de haber reducido un 20% su asignación, destinan 2 millones de euros a las fundaciones, a cargo del Ministerio de Educación, para «funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural», además de los 900.000 euros incluidos en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Ministerio de Exteriores). Es la misma cantidad que recibieron en 2012, pese a que el presupuesto de los dos ministerios en los que se incluyen sus partidas se han visto reducidos en un 14% (Educación) y un 23,4% (Exteriores).

¿Salen demasiado caros los partidos políticos al Estado? ¿Es necesario que los ciudadanos subvencionen a las formaciones políticas con representación en el Congreso? El debate está servido. La democracia tenía un precio, pero ¿tan alto? En 2011, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) creado por el Consejo de Europa para establecer y proponer recomendaciones contra la corrupción, consideró que España debía mejorar la transparencia de la financiación de sus partidos políticos antes de finalizar 2012. En octubre del año pasado, el Congreso reformó la Ley de Financiación de los Partidos 8/2007, pero se mantuvieron las subvenciones «a tres bandas».

Jesús Sánchez Lambás, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional (TI) de España, defiende que la democracia es cara y los partidos políticos son costosos. «De algún lugar han de sacar dinero para su financiación», señala. «Si se les retiran toda las subvenciones públicas, imagínese a dónde irán a buscar ese dinero», advierte Antonio Garrigues, también de TI España. Por ello defiende que las subvenciones estatales son necesarias para luchar contra la corrupción. Además, «las ayudas que llegan del sector privado deben supervisarse al máximo», apunta, «con controles sólidos y máxima transparencia sobre en qué se gasta el dinero». «Los ciudadanos no financian sólo al partido con el que simpatizan, sino a todos».

La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, Begoña Sesma, cree que es necesario «equilibrar progresivamente la financiación pública y la privada de los partidos incrementando esta última». Sostiene que la enorme dependencia de los partidos del dinero público —más del 70% de su financiación sigue siendo pública, indica— implica que los ciudadanos «no financian sólo al partido con el que simpatizan, sino a todos». Aboga también por formaciones políticas independientes del Estado. «Si representan a los ciudadanos deben de ser éstos quienes voluntariamente contribuyan a su financiación» y propone que el Estado, por ejemplo, introduzca deducciones fiscales por las aportaciones ciudadanas (en lugar de conceder la subvención, restar la cantidad de los ingresos futuros que recibirá en forma de impuestos de sociedades). Además, incrementar la financiación privada sería también una forma de acercar los partidos a los ciudadanos, apunta Sesma, y dotarlos de mayor arraigo social para combatir la desafección política.

El presidente de Foro de la Sociedad Civil, Ignacio Camuñas, apuesta por que se retiren subvenciones a los partidos políticos pero se les faciliten aquellos medios necesarios para su participación en el proceso electoral. «Cuando haya elecciones, el estado puede proveer a todos los partidos condiciones equitativas para que sus mensajes lleguen a todos los españoles, pero los gastos generales de cada partido deben estar soportados por sus afiliados y los donativos —reglados y limitados— que reciban de sus simpatizantes». Camuñas se remite a la campaña de Barack Obama para su reelección. Fue la primera en recibir donaciones vía mensaje de texto. «A través de internet se puede reclutar mucho dinero con donativos pequeños pero de mucha gente», asegura. «Es una posibilidad de financiación que no existía hace años». El presidente de los Estados Unidos logró movilizar a los pequeños donantes recibiendo donaciones a través de ‘sms’. Eso sí, el necesario control de estas donaciones es estricto: 50 dólares al día como máximo y no más de 200 dólares mensuales. Manuel Villoria, de TI, defiende que regular y controlar los ingresos que le vienen a los partidos desde el sector privado es muy beneficioso para la salud democrática. «Existen grandes grupos de interés que pueden conseguir que se aprueben leyes que dañan el interés general solo porque financian a los partidos que las aprueban, por ejemplo», señaló. En EE.UU., Apple acaba de lanzar una aplicación móvil que permite comprobar, entre otras cosas, a qué partido político financia una marca comercial. Basta con escanear el código que acompaña a cada producto y BizVizz revela su contribución a una determinada campaña electoral o cuánto dona a cada uno de los partidos norteamericanos. O incluso cuántas subvenciones recibe.

Una vez más, la transparencia es la mejor fórmula para controlar al poder. Para Camuñas, un control eficaz del manejo de los caudales en los partidos debería pasar por dos medidas: reforzar la independencia del Tribunal de Cuentas y hacer responsable a todos los miembros del comité ejecutivo de cada partido de las finanzas del mismo; «si hay irregularidades, todo el comité ha de responder personal y solidariamente».

Cuando un partido político cabía en un taxi. Camuñas estuvo en la gesta de la Constitución. Ministro de UCD durante la Transición, cree que entonces los partidos recibieron un «desmesurado poder», fruto de un afán de proteger a unas formaciones políticas jóvenes que iniciaban su andadura.

Los partidos políticos en aquella época eran extraordinariamente frágiles y muy minoritarios y la apuesta fue privilegiarlos. «Éramos una colección de buenos amigos. ¿Cómo íbamos a ser grandes partidos de masas tras 40 años de dictadura? Cabíamos en un taxi, porque nos impidieron organizarnos». Pero treinta años después, han hecho un uso abusivo de su poder y lo han utilizado para colonizar y dominar el conjunto del sistema. «Se ha consolidado un régimen partitocrático que aplasta a la sociedad y contamina las instituciones», revela Foro en su manifiesto. «No podemos permitir que existan partidos que viven cómodamente con unos gastos excesivos, a costa de los presupuestos del Estado y de los impuestos de todos los españoles».

«La democracia no es cara», sentencia Camuñas. «El centro de la vida política en un partido debería estar en el Grupo Parlamentario, que son los candidatos elegidos por el pueblo. Esos son los depositarios del poder político en un partido, y no estos inmensos tinglados de gente a sueldo, con unos gastos extraordinarios, no sé cuántas sedes esparcidas por toda España… todo eso cuesta mucho dinero y se lo pueden permitir porque se les regala el dinero desde los PGE». La solución es clara: «Partidos sustentados por sus simpatizantes y no vivir de la ubre del Estado».

Esa última reforma de la Ley de financiación en 2012 —apoyada todos los grupos salvo la Izquierda Plural y Compromís, que se abstuvieron— mantuvo al Tribunal de Cuentas como supervisor de los ingresos de los partidos. Seguían quedando fuera las fundaciones. El principal problema del Tribunal de Cuentas es que fiscaliza con tanto retraso las cuentas que, de detectar alguna infracción, normalmente está ya prescrita. Pero además, la justificación de las subvenciones públicas que reciben los partidos es muchísimo más «ligera», como apunta Sesma, que la exigida a una empresa privada que recibe ayudas públicas. De hecho, las subvenciones a partidos políticos no se rigen por la Ley General de Subvenciones, que es «muy severa con la justificación y el control» del dinero público, indica la catedrática en Derecho Financiero.

En lo que parecen coincidir tanto quienes abogan por suprimir las subvenciones como quienes apuestan por mantenerlas y modificarlas es que «quien parte y reparte se lleva la mejor parte». Lo apuntaba la prestigiosa revista británica The Economist en su último número, y lo repite también Foro: «Lo más grave es que, en gran medida, la solución a nuestros males pasa por la decisión y última palabra de los propios partidos cuando son ellos el núcleo del problema».

Los que parten y reparten se llevan la mayor parte, pero ¿todo? Creo que es hora de acabar con ese desmesurado poder que se han atribuido los políticos. Sus prebendas y privilegios son un agravio comparativo entre españoles. Urge una ley de transparencia y una Justicia que no archive casos por resolver, que investigue y actúe contra la corrupción y el desmadre de los prepotentes y endiosados que te piden el voto y luego te miran con desprecio.

Un ‘23 efe’ hizo temblar la democracia en España, pero en la actualidad tiembla por las circunstancias que todos conocemos y en las manos de los partidos políticos está la solución, porque el pueblo español saldrá a la calle clamando justicia y el bienestar que le han arrebatado, y no parará hasta que todos los fantoches ladrones estén entre rejas y devuelvan lo que es del pueblo…

La democracia tenía un precio y lo hemos pagado muy caro. Ahora toca a los políticos rendir cuentas porque la ubre del Estado se ha secado y el contenido está en el lugar que no corresponde y debe ser restituido. Estamos esperando…

Fotografía: Partido Popular de Cantabria, cc.