Vamos a por las grandes fortunas que no pagan impuestos, ¡YA! Viendo lo que vemos y lo que vamos conociendo cada día, en España se puede cuestionar la democracia, la libertad, la Justicia… Cuando en un país no hay libertad de expresión no hay democracia. Si un periodista siente miedo de hablar o denunciar a políticos, banqueros, empresarios y demás ‘poderosos’ es porque recibe amenazas o se siente coartado por los mismos periódicos. Aunque los periódicos muestran claramente sus tendencias y se posicionan abiertamente a defender ideologías, por tanto, al no ser neutrales, las noticias no son de fiar porque nos la ofrecen ‘contaminadas y adulteradas’. Para conocer la verdad del ‘tejemaneje’ de los poderosos españoles, tenemos que leer los artículos y trabajos de investigación de periodistas españoles en periódicos de otros países. Este es el caso de un artículo que habla sobre Botín y sobre los españoles que tienen su dinero en Suiza.
Ya que ‘los ricos’ controlan los periódicos españoles y no les permiten publicar esto, que todo el mundo sepa los chanchullos de los poderosos…
El New York Times publica los nombres de los grandes defraudadores españoles. El artículo es de Vicenç Navarro:
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EE.UU. el Banco Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero, tales reportajes serían noticias. No es así en el caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países.Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial, entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas, José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Narcís Serra, Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Solchaga, Josep Piqué, Rafael Arias-Salgado, Pío Cabanillas, Isabel Tocino, Jordi Sevilla, Josu Jon Imaz, José María Michavila, Juan Miguel Villar Mir, Anna Birulés, Abel Matutes, Julián García Vargas, Ángel Acebes, Eduardo Serra, Marcelino Oreja, etc.
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa —según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español— sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la exvicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones.Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, «el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal». Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que «los ricos no pagan impuestos en España».
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España —y en Catalunya—, uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos —aclara el Sr. Salvador Arancibia— «…medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada». De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman «libertad de prensa».
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy (The Johns Hopkins University).
De este artículo no se hará eco ningún periódico español, pero como tenemos la necesidad de saber la verdad estoy en la obligación de darlo a conocer a los seguidores de este medio aunque nos llene de indignación e impotencia, porque da la sensación que la Justicia está de parte del poder y de los poderosos (nadie se pone rico trabajando, las grandes fortunas son cuestionables…) y sin embargo, al resto de los mortales la Ley nos persigue sin piedad y Hacienda te reclama hasta un céntimo bajo amenaza de embargo.
En España la corrupción es evidente y los corruptos dan la sensación que están por encima de la Ley, son inmunes y sus fechorías quedan impunes.
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